El país está sufriendo una muy grave
crisis energética. Durante años el gobierno la ha pretendido ocultar y recién
ahora, y solo a media voz, la presidenta la ha reconocido
pero sin asumir su responsabilidad y tratando de transferir las culpas propias a
terceros. La nefasta política energética actual es la continuación de la seguida
por el mismo partido gobernante en la década del 90. Basta recordar que hace 20
años vendió YPF y disolvió a Gas del Estado,
Agua y Energía Eléctrica e Hidronor, liquidando los grandes pilares de la
energía en Argentina, que permitieron ejercer plenamente la soberanía sobre
nuestros recursos naturales y alcanzar la condición de país autosuficiente.
Con la venta de la empresa estatal disminuyeron en
forma notoria las inversiones de riesgo para explorar y descubrir nuevos
yacimientos. El resultado fue la caída de nuestras reservas de hidrocarburos al
mismo tiempo que la liquidación de Agua y Energía e Hidronor provocó la drástica
reducción de la construcción de centrales hidroeléctricas. La Argentina depende
cada vez más de los hidrocarburos y cada vez produce menos
hidrocarburos
Hoy el país paga un alto precio por la mala gestión de
Repsol -YPF. Pero este es solo
un aspecto del fracaso del oficialismo en materia energética. Lo que está en
crisis es la falta de una política de energía y la necesidad de invertir. No
bastan cortinas de humo. Este gobierno desde el 2003 ha agravado la situación al
perder el autoabastecimiento en petróleo y gas; ha obligado a importar
cantidades crecientes e insostenibles de combustibles, y
también ha comprometido la hacienda pública con un programa de subsidios
presupuestarios cuya insostenibilidad en el tiempo es admitida por todos salvo
por algunas empresas que con audacia están reclamando ahora su
reimplantación.
Han sido también los gobiernos de los Kirchner y de sus
gobernadores adictos los que renovaron los contratos sin
licitación, diez años antes de que vencieran, hasta por 40 años, como ocurrió
con Panamerican Energy, a una
ridícula regalía del 12 por ciento y autorizando la libre exportación, que sigue
hasta el momento, mientras que el país está pagando altos costos importando
combustibles para que las empresas se beneficien a cambio del perjuicio que
sufren los argentinos. La primera obligación de las autoridades es darle al
pueblo una información transparente de todo lo actuado.
A través de su programa de gobierno, aprobado por la
Convención Nacional, la UCR ha propuesto soluciones. La situación es grave y
tendrá serias consecuencias hacia el futuro. Es nuestra obligación hablar claro
en momentos en que se ha llegado a una situación límite. No se saldrá de la
misma si no se realiza un cambio de política y de
organización del sector. Para ello es previo separar de la administración a los
funcionarios del fracaso.
Las propuestas del Plan aprobado por la Convención
Radical requieren la sanción de un nuevo marco legal que reemplace
a la llamada ley 17319 y su continuadora la ley corta 26197 y la
reorganización sectorial a partir de la creación de nuevas instituciones
estatales para el ejercicio eficiente de la funciones indelegables del Estado
que hoy no son llevadas a cabo ni por el Estado nacional ni por los Estados
provinciales. Estos son los puntos esenciales del programa
radical explayados en las Bases del Programa Partidario 2011:
1) Realizar de inmediato auditorias integrales e
independientes de concesiones de explotación y permisos de exploración; en cada
una de las áreas otorgadas a partir de 1992. Estas auditorias
serán de legalidad y también técnicas. Deberán evaluar el
cumplimiento de los concesionarios y permisionarios de todas las obligaciones
que surgen del régimen legal vigente y del texto de los contratos y
determinarán, asimismo, las reservas de hidrocarburos en
todas sus categorías. Los resultados de la auditoria serán públicos.
2) La nueva ley de hidrocarburos preverá la creación de
una Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANPGB) con la misión de
fiscalizar la actividad de los permisionarios y concesionarios; realizar
licitaciones de áreas, y controlar el funcionamiento de los mercados de
hidrocarburos.
3) Aquellos concesionarios o permisionarios de
exploración que no hayan cumplido con sus compromisos deben
revertir la áreas a sus concedentes, conforme a las pautas
que establece la legislación vigente.
4) En función del resultado de las auditorias
propuestas se evaluará la conveniencia de realizar nuevas licitaciones con
las áreas revertidas al Estado y las modalidades con que las
mismas se llevarán a cabo o, si corresponde, se efectuarán
nacionalizaciones o estatizaciones, según el caso.
5) Retirar las áreas off- Shore de la jurisdicción de
ENARSA y pasarlas al ámbito de la ANPGB para su licitación por una modalidad de
contratos de asociación similar al Plan Houston del período 1985-1989 con las
adaptaciones que las actuales circunstancias ameriten introducir.
6) Realizar una auditoria integral e independiente para
el proceso de importación de combustibles, particularmente gas natural licuado
(GNL), gas oil y fuel oil. Los resultados de la misma serán públicos.
Buenos Aires, 16 de abril de 2012
Hipólito Solari
Yrigoyen
Presidente de la Convención
Nacional
de la Unión
Cívica Radical
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