Las graves denuncias sobre irregularidades en la adquisición de 100 unidades nuevas para ser destinadas al servicio de transporte urbano de pasajeros son ejemplos concretos del modo de gobernar de Juan Manuel Urtubey, alejado de los principios y prácticas, republicanos y democráticos.
El Estado provincial no cumplió con el deber de hacer públicos los actos de gobierno. No hubo información oficial sobre el derrotero seguido por la licitación para la adquisición de las nuevas unidades. De este modo, el propio ejecutivo provincial incumple el art. 61 de la Constitución salteña que establece la publicidad de normas y actos de la administración.
El hecho de que TATSA, empresa ganadora de la licitación mencionada, adquiera los actuales colectivos de SAETA a la mitad del precio del mercado lesiona gravemente el patrimonio estatal y brinda argumentos para que el acto sea sospechado de corrupción. Los gobernantes corruptos le roban educación, salud, bienestar, seguridad a cada uno de los ciudadanos.
Corresponde a los fiscales intervenir, investigar y actuar en defensa de la legalidad, de los intereses y del bienestar de los ciudadanos de la Provincia de Salta, tal cual lo prevé el artículo 166, inciso a) de la Constitución provincial.
Los salteños necesitamos un sistema de transporte público integrado, eficiente y económico, para ello urge recuperar el poder de iniciativa y decisión cedido por la intendencia a la Provincia, en esta materia.
Salta, 12 de enero de 2011
María Fernanda Justiniano
Vicepresidenta del Comité Capital de la UCR
A cargo de la Presidencia
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